Las Malvinas: 11 militares irán 34 años a prisión; cinco bajan a 30 meses por colaborar

El Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 16 militares por desaparición forzada de cuatro menores ocurrida en 2024. La sentencia incluye multas, reparación e incluso disculpas públicas; pero el punto más discutido es la diferencia entre las penas y lo que todavía queda sin responder.

La justicia sentenció este 22 de diciembre a 11 militares a 34 años y 8 meses de prisión como autores directos de la desaparición forzada de cuatro niños y adolescentes del sector Las Malvinas, en Guayaquil. La decisión llega tras más de un año de atención pública por un caso que abrió el debate sobre el rol militar en tareas de seguridad interna.

El fallo también dispuso una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, el pago de USD 10.000 por cada sentenciado a favor de los familiares de las víctimas y disculpas públicas a través de prensa, radio, televisión y medios digitales, además de un acto de rectificación por la información difundida inicialmente contra los menores.

La pena y por qué llega a 34 años

En Ecuador, la desaparición forzada tiene un rango de pena establecido por el COIP, pero la condena puede incrementarse cuando se aplican agravantes. En este caso, el Tribunal impuso una sanción superior al rango base por la gravedad del hecho, el contexto y las circunstancias que rodearon la detención y la posterior desaparición de las víctimas.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando los menores —de entre 11 y 15 años— fueron detenidos cerca del Mall del Sur y trasladados en vehículos vinculados a Fuerzas Armadas. Con el avance de la investigación, los restos fueron hallados en Taura, a varios kilómetros del lugar de la aprehensión, consolidando la hipótesis fiscal sobre la desaparición y muerte de los niños.

Los que no tienen 34 años: 30 meses y un absuelto

Además de los 11 condenados con la pena más alta, cinco militares recibieron 30 meses de prisión. La razón es jurídica y polémica: participaron como cooperadores eficaces, una figura que permite reducir la condena a quienes aportan información relevante para esclarecer los hechos y sostener la acusación principal.

En contraste, el Tribunal confirmó el estado de inocencia de un procesado que estaba en el expediente como presunto cómplice. En la práctica, esto significa que, dentro de esta sentencia, no se estableció responsabilidad penal en su contra.

De lo que casi no se habla

La discusión más incómoda no está solo en los años de cárcel, sino en el “cómo”: qué falló en los controles internos, cómo se manejó la cadena de mando y por qué se permitió que una aprehensión termine fuera del debido proceso. La sentencia condena a individuos, pero deja en el aire preguntas sobre responsabilidades institucionales, supervisión y protocolos reales de actuación.

Y hay otro punto que se menciona poco: los cinco que “facilitaron la información” cumplen apenas 30 meses, lo que reabre un debate inevitable sobre el equilibrio entre verdad y castigo, y sobre si la cooperación eficaz, aunque útil para probar el caso, termina produciendo una sensación de justicia incompleta para una tragedia de esta magnitud.