Abogado de Ecuabet evita revelar quiénes son los dueños reales de la casa de apuestas

El abogado de Ecuabet, José Arauz, evitó identificar a los propietarios reales de la casa de apuestas deportivas que opera en Ecuador, durante una entrevista concedida este 9 de enero de 2026 en el canal Teleamazonas. Sus declaraciones se produjeron tras la denuncia presentada por la Junta de Beneficencia en noviembre de 2025, que cuestiona la legalidad y transparencia de la empresa.

Arauz afirmó que Ecuabet ha operado en el país durante cinco años bajo control de las autoridades ecuatorianas y que ha tributado alrededor de USD 40 millones al Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, se negó a precisar cifras de facturación y no dio nombres sobre los beneficiarios finales del negocio.

Licencia extranjera y dudas regulatorias

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Ecuabet ofrece servicios de pronósticos deportivos en Ecuador con una licencia extranjera. La Junta de Beneficencia sostiene que la empresa estaría autorizada por la isla de Anjouan, en África, y no por un ente local. El abogado explicó que ese registro corresponde a certificadoras internacionales que proveen plataformas tecnológicas a operadores globales.

Pese a esa explicación, el propio sitio web de la empresa señala que su autorización proviene de Anjouan, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el marco regulatorio bajo el cual opera en Ecuador. Hasta ahora, no se ha informado si alguna autoridad ha iniciado un proceso sancionador por este aspecto.

Estructura societaria sin rostros visibles

Consultado sobre la identidad de los dueños, Arauz sostuvo que Ecuabet pertenece a un grupo de accionistas internacionales con operaciones en varios países de América Latina. Ante la insistencia, descartó la existencia de un presidente o representante principal y señaló que la empresa funciona como un cuerpo colegiado.

La Junta de Beneficencia afirma que al menos 42 personas naturales y jurídicas estarían vinculadas a Ecuabet, a través de fundaciones y sociedades, entre ellas Prosperar, Prosperar Salud y Culturarte. Según la denuncia, desde 2023 varias plataformas de apuestas habrían migrado a operar mediante fundaciones.

Tributación y fundaciones vinculadas

El abogado negó que Ecuabet se beneficie de exoneraciones tributarias irregulares. Aseguró que tanto la empresa como la fundación Prosperar han cumplido con sus obligaciones fiscales y que esta última ha pagado más de USD 15 millones en impuestos.

No obstante, la Junta de Beneficencia advirtió un crecimiento inusual en los ingresos de Prosperar Salud, que pasaron de USD 34 millones en 2022 a USD 95 millones en 2024. Arauz reconoció el incremento, pero sostuvo que esos ingresos han sido declarados y gravados conforme a la ley.

Auditorías y controles pendientes

Arauz indicó que el SRI ya realizó auditorías en años anteriores y que existe una nueva revisión programada para este año, con el fin de verificar si la tributación fue correcta. Lo que se sabe es que, hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial que cierre el caso.

Lo que falta por confirmar es si las autoridades fiscales y de control financiero determinarán responsabilidades o irregularidades en la estructura de propiedad y operación de Ecuabet. El resultado de esas investigaciones será clave para definir el futuro legal de una de las casas de apuestas más visibles del país.